En este artículo, quisiera reflexionar sobre el proceso contradictorio del que hemos sido testigos en la última década en México: por un lado una política exterior en materia de derechos humanos muy exitosa a nivel internacional, en la que se han ratificado varios instrumentos internacionales en contra de la discriminación y violencia hacia las mujeres y paralelamente una política interna en la que la violencia de Estado se justifica en nombre de la “paz social” y se utiliza en contra de las mujeres activistas e integrantes de movimientos sociales.